Líderes y representantes de la sociedad civil hondureña se encuentran en Bruselas para dialogar y visibilizar ante la Unión Europea la difícil situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que vive el país, y el rol de la UE en sus relaciones y compromisos con el país centroamericano.

Esta gira pasa por Bruselas con un informe elaborado desde la denominada Plataforma EPU, compuesta por 54 organizaciones del movimiento social, de desarrollo y de derechos humanos de Honduras, y que ha sido presentado la semana pasada en Ginebra, en la sede de las Naciones Unidas, durante el 58º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los hallazgos de dicho informe no son alentadores, y la peor parte se la llevan los y las defensoras que  se  dedican  a  la   protección  de los  derechos ambientales y recursos  naturales,  siendo  objeto  de  actos  de  violencia,  hostigamiento,  amenazas  de   muerte  y asesinatos, como consecuencia  de  su trabajo.

El caso más conocido a nivel internacional es el de la activista Berta Cáceres. Sin embargo, para José Gaspar Sánchez, miembro el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH , e integrante de la delegación hondureña que está realizando esta gira, “muchos y muchas defensores y defensoras de derechos humanos en el país, han perdido la vida defendiendo los bienes comunes de la naturaleza, y la mayoría de estos asesinatos han sido ejecutados por policías y militares”, señalando directamente la responsabilidad de las autoridades en los hechos.

En este sentido, Gaspar Sánchez añade también que “los miembros del COPINH nos mantenemos bajo el asedio permanente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), como de las fuerzas represivas del Estado. Tanto militares como empleados de esta empresa están imputados en el asesinato de Berta. ”

Otra defensora e integrante de la gira, Irma Lemus, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán OPDHA, se suma a estas acusaciones al declarar que “en el Bajo Aguán, los defensores y las defensoras de nuestros recursos naturales hemos sido víctimas de un acoso permanente por parte de los mismos operadores de justicia, que son quienes deberían estar velando por el goce de nuestros derechos humanos. Yo misma sufrí un proceso de criminalización que ha durado casi 2 años, del cual salí bien librada gracias a que el Estado no pudo presentar ninguna prueba en mi contra.”

Finalmente, Marlon Ochoa, Director Ejecutivo de FIAN Honduras, denuncia que esta violencia es una consecuencia directa del modelo de crecimiento hegemónico en la actualidad, que es apoyado y sostenido por los Estados a pesar de sus impactos negativos sobre los derechos y personas: “El gobierno hondureño promueve activamente un modelo de desarrollo que vulnera los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades hondureñas, en particular de aquellas que habitan en ámbitos rurales, como las comunidades indígenas y campesinas”, concluye.

El paso por Bruselas de esta gira de defensores y defensoras ha sido apoyado por las organizaciones europeas ACT Alliance EU, CIFCA, FIAN y Grupo Sur, quienes le han recordado a la UE que algunos de los proyectos en Honduras cuentan con inversiones de empresas o bancos de desarollo europeos. Así mismo, estas organizaciones con sede en Bruselas, respaldan la petición hecha por el Parlamento a la Comisión Europea en su reciente resolución, instando a que la ayuda europea no fomente ni permita proyectos que atenten contra los derechos humanos, y que se realice una consulta previa, libre y adecuada con las comunidades indígenas, de todos los proyectos de desarrollo que afectan sus recursos naturales

Encontraron el informe aquí.

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