Solicitamos a la Unión Europea que implemente de forma efectiva sus distintos instrumentos para luchar contra la violencia contra la mujer en los distintos países de América Latina

Bruselas, 15 de octubre de 2012. Los días 8 y 9 de octubre la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, presentó ante las instituciones de la Unión Europea su último informe dedicado a la forma más extrema de violencia contra las mujeres: los asesinatos por motivo de género o feminicidio.

En esta ocasión OIDHACO, CIFCA, ALOP y CIDSE, redes con sede en Bruselas, quisieran recordar la dramática escala de esta violación de derechos humanos en América Latina, la prevalencia de la impunidad, y la falta de una respuesta efectiva de los Estados, que constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos y la ciudadanía activa de las mujeres. Es por ello, que las redes europeas instan a la UE a implementar de forma efectiva sus distintos instrumentos en América Latina para la erradicación de este fenómeno.

Como lo destaca la Relatora en su informe, las mujeres son particularmente vulnerables en contextos de conflictos armados, como es el caso en Colombia y Guatemala.

En Colombia, se denuncia el continuo uso de la violencia sexual como estrategia de guerra y de terror. A pesar del inmenso subregistro de los hechos de violencia contra las mujeres y una falta de visibilización de los mismos, en el 2010 se registraron 16.916 casos de violencia sexual, además de 69.713 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 128 casos de asesinatos por el hecho de ser mujeres (130 en el 2011) (SISMA Mujer).

Como lo destaca la Relatora en su informe, “en la guerra civil de 45 años en Colombia, las mujeres lideresas de comunidades y las mujeres luchando por sus derechos son las principales víctimas de asesinatos por motivo de género”. Y subraya la especial vulnerabilidad de las mujeres que promueven los derechos a la tierra, de los pueblos indígenas y minorías étnicas y religiosas, sindicalistas y LGBTI. En efecto, en el primer semestre de 2012, 18 mujeres defensoras fueron víctimas de agresiones. Por otra parte, las organizaciones locales denuncian también un incremento de la violencia sexual en zonas de extracción minera.

Tal y como relata el informe de la Relatora, las mujeres y niñas indígenas experimentan extremados niveles de violencia. En particular la Relatora menciona cómo el efecto de ciertas políticas económicas en América Central ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres indígenas, y ha obligado a una migración interna y externa.” Han sido presionadas para puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados, sobre todo en las fábricas maquiladoras, servicio doméstico, el comercio sexual y la prostitución, en condiciones precarias y de explotación “.

La Relatora muestra su preocupación por el incremento del crimen organizado y su impacto devastante en la vida de las mujeres. “ El triángulo norte de Centroamérica tiene las tasas más altas de homicidio en un contexto de no-conflicto. La tasa de homicidios de hombres se ha mantenido estable durante la última década, mientras que ha habido un aumento en las tasas de homicidios de mujeres. En cuanto a México, la recolección de datos sobre feminicidios ha indicado una escalada en el número de homicidios, donde se estima que aproximadamente 740 feminicidios ocurrieron entre 1993 y 2009 en Ciudad Juárez.

Asimismo, la violencia doméstica así como las formas extremas de muertes violentas de mujeres prevalecen de forma alarmante en países como Honduras y El Salvador. Como lo indica el informe de la Relatora, en el 2006 los asesinatos de mujeres aumentaron del 111% en El Salvador y en Honduras el aumento fue del 166% en el 2007, comparado con un aumento del 40% en el caso de los hombres en cada uno de estos países. La impunidad para los casos de violencia contra la mujer es casi total en cada uno de estos países. “La impunidad de la violencia contra la mujer agrava los efectos de la violencia como un mecanismo de control. […]. La impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de las víctimas, sino también envía un mensaje a la sociedad que la violencia contra la mujer es aceptable e inevitable” señala la Relatora. En ese sentido, organizaciones de mujeres en El Salvador por ejemplo, han demandado al Estado mayor seguridad para las mujeres y la aplicación y cumplimiento de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, vigente desde el 1 de enero del 2012 (Observatorio de violencia de ORMUSA).

“El fracaso de los Estados para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia permite una continuación de la violencia que puede terminar en muertes de mujeres”, así lo señala la Relatora en su informe. Y como lo subrayó el 9 de octubre en una audiencia ante el Parlamento Europeo, la falta de cambio social y la desigualdad en las esferas tanto públicas como privadas así como la falta de recursos efectivos y eficientes, en particular los obstáculos en el acceso a la justicia y la impunidad, están entre los principales factores de violencia contra las mujeres.

Por lo tanto, OIDHACO, CIFCA, ALOP y CIDSE solicitan a la Unión Europea, en particular de cara a la próxima Cumbre CELAC-UE a celebrarse en enero de 2013, que adopte un Plan de Acción con medidas para implementar de forma efectiva sus distintos instrumentos para que los distintos Estados de América Latina pongan fin a la impunidad de estos crímenes y cumplan con sus obligaciones internacionales, así como las recomendaciones de los distintos instrumentos regionales e internacionales sobre la violencia contra las mujeres.

 

 

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